El último escándalo hasta la fecha ha llevado la sombra de la sospecha al seno del Gobierno de Mariano Rajoy, creando la conmoción en un país ya acostumbrado a ver casos de corrupción en la portada de los medios. Las sospechas apuntan ahora al extesorero del PP Luis Bárcenas, quien, según el diario El Mundo supuestamente distribuyó mensualmente sobresueldos de entre 5.000 y 15.000 euros.
"Hay 200 o 300 políticos imputados en casos de corrupción que se concentran en cinco comunidades autónomas": Cataluña, las islas Baleares, la Comunidad Valenciana, Galicia y Andalucía, explica a la AFP el presidente de la rama española de la organización anticorrupción Transparency International, Jesús Lizcano. Si bien esta cifra sólo representa una minoría de los más de 50.000 políticos del país, "es alarmante y necesita una respuesta urgente", opina.
Estos casos, que suelen salpicar a las personalidades políticas, han manchado la popularidad del rey, cuyo yerno Iñaki Urdangarin está imputado en una investigación de corrupción en Baleares.
El último escándalo hasta la fecha ha llevado la sombra de la sospecha al seno del Gobierno de Mariano Rajoy, creando la conmoción en un país ya acostumbrado a ver casos de corrupción en la portada de los medios. Las sospechas apuntan ahora al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, quien, según el diario El Mundo supuestamente distribuyó mensualmente sobresueldos de entre 5.000 y 15.000 euros a dirigentes de la formación a lo largo de dos décadas.
Los dirigentes actuales del PP han desmentido estar involucrados en el asunto y se han distanciado de Luis Bárcenas quien, según la prensa, dispone de una cuenta de 22 millones de euros en Suiza desde 2009.
"Desde hace tres semanas la gente está muy, muy, muy indignada, por lo que es muy importante que los políticos lo tomen en serio", apuntó Jesús Lizcano.
Según una encuesta publicada el domingo en el diario ABC, tres de cada cuatro españoles piensan que la corrupción política aumenta y que los políticos reciben un mejor trato de la justicia que el resto de ciudadanos.
Cada día más bajo en los sondeos, el Gobierno anunció en la primavera de 2012 un proyecto de ley sobre la transparencia en la vida pública. Recientemente, ha propuesto un pacto anticorrupción con los otros partidos, consciente de los fallos de la democracia, instaurada en 1975 después de la dictadura franquista.
Para Jesús Lizcano, los partidos tienen la "urgencia de publicar sus cuentas y sus fuentes de financiación", como ya hacen en otros países europeos. Pero sobre todo, lamenta que "hay demasiada implicación de los partidos políticos en las altas instituciones", como el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Cuentas.
También es necesario, afirma este experto anticorrupción, poner fin a "un sistema viciado" que permite a los partidos políticos supervisar la gestión de las cajas de ahorro como Bankia, salvada de la quiebra con capital público.
De aquí una sensación de connivencia reforzada aún más por la reciente incorporación del expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, exministro y exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), por el gigante de las comunicaciones Telefónica, a pesar de su imputación por falsedad en su gestión del banco.
Como consecuencia, el contribuyente, que sufre unas medidas de austeridad sin precedentes en un país con una tasa de paro superior al 26%, piensa que "la clase política no es capaz de resolver la crisis, que es inútil, y que además es corrupta y se protegen entre ellos", juzga el politólogo Antón Losada.
"Somos un país democrático, pero cuando llegamos a cierto punto, sobre todo con la gran crisis de desempleo, se convierte en un campo minado para que pueda haber un estallido social", apunta Jesús Lizcano. Sobre la traducción en hechos de las palabras del Gobierno para luchar contra la corrupción, "soy escéptico, ojalá me equivoque", concluye.
AFP.com
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