*Al concebir a los medios como un
servicio público, el Estado recupera su soberanía sobre el sector y garantiza a
la sociedad la equidad de los servicios *Otro acierto es incorporar el artículo
6º de la Constitución, fundamental por las dificultades en diversos lugares del
país para que los ciudadanos tengan acceso a las telecomunicaciones
*Los permisos con los que operaban los
medios públicos del Estado, universidades y organizaciones civiles se
convertirán en concesiones
La Iniciativa de
Reformas a la Constitución en materia de Telecomunicaciones y Competencia
Económica presentada por el presidente y los líderes de los principales
partidos en el marco del Pacto por México, es de alto calado porque modifica
de manera estructural el sistema de medios y de telecomunicaciones.
Al concebir a los
medios de comunicación como un servicio público, el Estado recupera no sólo
su soberanía sobre el sector, sino que garantiza a la sociedad la equidad de
los servicios, así lo estableció la maestra Beatriz Solís Leree,
profesora-investigadora del Departamento de Educación y Comunicación de la
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
La Defensora del
radioescucha en Radio Educación y especialista en regulación de medios señaló
que esta reforma es importante también porque en principio plantea a los
medios y las telecomunicaciones como un solo sector, lo cual es adecuado en
tiempos de la convergencia digital; son parte de un esquema convergente y la
regulación separada implicaba más desigualdades y problemas.
La generación de
una institución que las regule de manera autónoma sin discrecionalidad, ni
uso político o económico como a los que estaban sujetos, marcará una
diferencia, ya que se crearán tribunales especializados para atender todos
los conflictos jurídicos que han retrasado su desarrollo.
Otro acierto es
incorporar el artículo 6º de la Constitución que considera la libertad de
expresión y el derecho a la información, lo cual es importante porque no sólo
garantiza este derecho, sino que también añade el acceso a las tecnologías de
la información y comunicación, algo fundamental por las dificultades
existentes en diversos lugares del país para que los ciudadanos puedan contar
con los servicios que ofrecen las telecomunicaciones.
La investigadora
de la Unidad Xochimilco indicó que esta reforma considera también la
promoción de la competencia con medidas más allá de las tecnológicas y
económicas.
Debido a los altos
índices de concentración era importante acotar, pues cuando se rebasa 49 por
ciento de un bien de la nación se tiene que desincorporar y deshacerse de
esos recursos o infraestructura.
En materia de
medios públicos, si bien se queda corta, muestra un avance al reconocerlos en
el ámbito constitucional y para que en la Ley secundaria queden más
detallados todos sus derechos y obligaciones, consideró la especialista en
políticas de comunicación.
Una modificación
sustancial, explicó Solís Leree, es que ya no habrá permisos para operar una
frecuencia en el espectro radioeléctrico como los que se otorgaban; ahora
serán concesiones y la diferencia entre ellas es su uso, “por eso habrá
concesiones de uso comercial, de uso público para entidades públicas y las de
uso social, como es el caso de las radios comunitarias y universitarias”.
Los permisos con
los que operaban los medios públicos del Estado, universidades y
organizaciones civiles se convertirán en concesiones que tendrán la
obligatoriedad constitucional de garantizar su independencia editorial, de
organización y de gestión, lo cual es fundamental para que no dependan del
gobierno en turno.
Además
tendrán la oportunidad de obtener ingresos lícitos a través de la venta de
espacios publicitarios que la legislación tendrá que regular.
La ley secundaria
será fundamental en la pelea de la materialización de lo que se apruebe en la
constitución. Por ello la expectativa, pues resulta que su principal
opositor: el partido en el poder, es el que ahora la propone. La tarea de la
sociedad será observar cómo quedarán plasmados los derechos y principios de
la constitución en dicha legislación.
Explicó que primero
hay que esperar a que la reforma se apruebe en el Congreso de la Unión y en
al menos 16 Congresos estatales, proceso que debe llevarse con celeridad
“porque la digitalización nos alcanzó e incluso nos rebasó”.
Se planteaba que el 15
de abril terminaría el proyecto piloto y el apagón analógico en Tijuana; sin
embargo, la Comisión Federal de Telecomunicaciones anunció el retraso porque
no alcanzó a cubrir 80 por ciento de la población con los receptores
digitales.
“Es
muy probable que los
legisladores
ya estén
trabajando
en la ley
y
supongo que este mismo
año
podríamos tenerla
en
operación”, concluyó.
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